La Asamblea Nacional aprobó el 07 de enero la Ley de Emprendimiento e Innovación en el que se establecen un marco normativo para quien fomente el emprendimiento y la innovación.

En el proceso de debate destacó la idea central que consistía en que la ley permitirá el progreso nacional, la creación de fuentes de trabajo, el mantenimiento de la dolarización y la permanente generación de divisas. Ahora hay un plazo de 30 días para que el Ejecutivo vete la normativa o se allane a lo dicho por el Legislativo.

Es importante destacar que entre las reformulaciones establecidas, se encuentran:

  • El Consejo Nacional para el Emprendimiento e Innovación debe estar integrado por menos miembros y con esto se dará agilidad y rapidez a las solicitudes de emprendedores.
  • Incluir dentro de las tasas de crédito preferenciales que se incluya a la circunscripción amazónica, zonas fronterizas, migrantes retornados y afectados del terremoto de abril de 2016.
  • La creación de un Registro Nacional de Emprendimiento (RNE).
  • Acceso preferente a los servicios financieros y a los fondos de inversión públicos, a través capital semilla, capital de riegos e inversión ángel (plataformas de inversión).

La Alianza para el Emprendimiento y la Innovación (AEI), entidad que impulsó el proyecto, dijo que la aprobación es una excelente noticia para el ecosistema emprendedor ecuatoriano. Camilo Pinzón, presidente del Directorio de la AEI, comentó en noviembre del 2019 en una entrevista para la Revista LÍDERES, que es necesario cambiar la visión y dejar de pensar que la ley de emprendimiento es para proteger a empresas pequeñas.

Eso no es así, es una ley para empresas de rápido crecimiento. Tampoco podemos olvidar la innovación, porque ayuda al sector empresarial a transformarse para llegar a otros sectores. Este marco regulatorio también incide en la mediana y la gran empresa.

Puntos importantes dentro del articulado:

Creación del Consejo Nacional para el Emprendimiento y la Innovación

El artículo 6 del proyecto de ley contempla la creación de un consejo que se encargue de la articulación de políticas en favor del emprendimiento, así como también defina la estrategia a emplear en los próximos cinco años en este tema. A este consejo estarán representantes de los ministerios de Producción (que lo presidirá), Trabajo, Turismo, Finanzas, Educación, Cultura y Patrimonio, Senescyt, Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, Comité Interinstitucional de la Economía Popular y Solidaria; representante de Gobiernos Provinciales, de la Asociación de Municipalidades, Consejo Consultivo de Emprendimiento, Cámaras de la Producción, de las universidades públicas y otro de las privadas.

Adicional a este consejo funcionará la Secretaría Técnica del Consejo Nacional para el Emprendimiento e Innovación, que dará seguimiento a las resoluciones emitidas, y un consejo consultivo que asesorará y apoyará al organismo principal.

Registro Nacional de Emprendimiento y definición de emprendedor

El artículo 12 contempla la creación de un Registro Nacional de Emprendedores (RNE) del cual podrán ser parte personas que tengan un proyecto con menor de cinco años a la fecha de entrada de vigencia de la Ley, que tenga menos de 49 trabajadores y genere ventas menores a un millón de dólares. Previo a la emisión de este catastro el Ministerio de Producción requerirá datos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Servicio de Rentas Internas.

En la disposición transitoria segunda se contempla que el Ministerio de Producción deberá crear en 90 días el registro luego de la publicación de la ley en el Registro Oficial. Quienes consten en el RNE tendrán como incentivo la promoción comercial de sus productos y servicios a través del Ministerio de Comercio Exterior, además tendrán acceso preferente a servicios financieros, fondos de inversión públicos.

Creación de centros de emprendimientos

En el artículo 13 contempla la creación de espacios que permitan acompañar el desarrollo de emprendimientos. El ente de gestión inmobiliaria del sector público facilitará el uso de infraestructura a través de convenios con los municipios e instituciones del Gobierno para que sean utilizados como centros de incubación gratuita. También podrá facilitar mediante el arrendamiento o un precio preferencial para su uso como centro de apoyo, acelerador de emprendimientos de carácter público o privado.

Cambios en la educación

El artículo 19 señala que el Ministerio de Educación y la Senescyt vigilarán que en niveles de educación básica, secundaria y de tercer nivel se incorporen en las mallas curriculares contenidos o criterios de evaluación de la formación, orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor e innovador, desarrollo de competencias para el emprendimiento. El Consejo Nacional, en coordinación con esa cartera de Estado y la Senescyt, darán resoluciones con recomendaciones sobre conocimientos técnicos y competencias que se deben incluir en los programas formativos.

Mientras que el artículo 21 contempla que las instituciones de educación general y de Educación Superior podrán establecer como alternativa a los trabajos de titulación y dependiendo de la carrera que se opte por el desarrollo de planes de negocio o proyectos de emprendimiento donde se promoverá la formación, capacitación e intercambio de experiencias con el cuerpo docente y empresarios invitados.

El artículo 23 indica que el Caces tomará en cuenta para el acompañamiento, evaluación, acreditación y cualificación de las instituciones de Educación Superior el componente de emprendimiento y la innovación.

Plataformas de colaboración o crowdfunding

El capítulo VI contempla el funcionamiento y prohibiciones de las plataformas de financiamiento colectivo para su operación en el país. Estas plataformas nacionales deberán estar registradas y este proceso estará a cargo de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Además que podrán cobrar comisiones por sus servicios que deben ser públicas y actualizadas. Esto realizan varias plataformas a nivel nacional.

Un proyecto no se financiará al mismo tiempo en más de una plataforma de fondos colaborativos nacional y tendrá un plazo máximo de seis meses a partir de su fecha de publicación para la recaudación.

Otros aspectos de la ley

  • El emprendedor deberá afiliar al Seguro Social a sus trabajadores y en caso de terminar la relación laboral antes de un año debe pagar el valor adeudado hasta la fecha de terminación de la relación. El Ministerio de Trabajo desarrollará modalidades contractuales a emplearse en el trabajo emprendedor.
  • El artículo 16 dispone la obligación del pago del saldo insoluto contenido en facturas que emita todo emprendimiento inscrito en el RNE a sociedades que no estén en el registro o que sean por entidades del sector público deberá ser satisfecha en máximo 30 días.
  • En la disposición transitoria tercera se contempla que en un plazo de 90 días después de la publicación de la ley se darán procedimientos simplificados para el registro de derechos intelectuales y tendrán tasas preferenciales.
  • En el capítulo VIII se contempla el proceso de reestructuración de emprendimientos que no han sido declarados en disolución. El proceso debe solicitarse a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros o Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
  • Los emprendimientos ubicados dentro de la franja de cuarenta kilómetros desde la línea de frontera tendrán atención preferencial.

En el 2018, un estudio que realizó la Escuela de Negocios de la Espol para el Global Entrepreneurship Monitor, Ecuador tenía la Actividad Emprendedora Temprana TEA más alta de la región. Además determinó características: que el emprendedor ecuatoriano tiene en promedio 36 años, que su negocio está orientado al consumidor, que el 48,8% proviene de hogares con ingreso mensual entre $ 375 y $ 750, cuenta con al menos 11 años de escolaridad. Además, el 33.4% tiene un empleo adicional a su negocio, el 50.2% es autoempleado.